Compartimos el comunicado que se hiciera público hoy en Conferencia de prensa que fue cubrierta por ocho medios de prensa nacionales:
EL GRITO DEL HAMBRE Y EL CLAMOR DE LOS EXCLUIDOS NO SE PUEDEN ACALLAR CON REPRESIÓN
El Consejo de Instituciones de Desarrollo -COINDE-
A la opinión pública nacional e internacional
MANIFIESTA
1. Guatemala, aparte de su historia de país en el que las medidas de política a todo nivel han beneficiado a pequeños sectores de la población, enfrenta hoy también las secuelas de las diferentes medidas de despojo de tierras que sufrieron los pueblos indígenas hace por los
menos 120 años. Derivado de esas secuelas y de las medidas de aplicación del modelo neoliberal que pusieron al Estado Guatemalteco totalmente al servicio de las grandes empresas de capital nacional y transnacional, hoy se están expresando en muchos rincones del país, situaciones inéditas de pobreza, hambruna y violencia exacerbada en prejuicio de miles de habitantes principalmente indígenas.
2. Las medidas económicas sumadas a la injusticia estructural y los efectos climáticos de prácticas depredadoras han provocado también que lo que hoy se conoce como el "corredor seco" enfrente una de las mas fuertes sequías no vistas en muchos años, lo que acrecentó la problemática ya señalada.
3. Ante eso, la reacción gubernamental ha sido tardía, y asistencialista y con un enfoque de caridad que dista mucho de seriedad en cuanto a políticas de Estado más propias de una entidad Gubernamental. Por parte del sector privado del país, la respuesta ha sido igualmente tardía y también asistencialista, pretendiendo esconder las verdaderas causas que han dado lugar a que se acrecente la pobreza y la desnutrición. Tras este enfoque, y campañas de caridad ampliamente publicitadas, el poder económico en Guatemala, no sólo disfraza su responsabilidad en el hambre del pueblo debido a sus prácticas hambreadoras, bajos salarios y usurpación de tierras, sino que encima de ello, se beneficia sacando provecho de la publicidad gratuita que implican estas jornadas para sus gremios y empresas. Lamentablemente podemos constatar que, si no se toman con seriedad las recomendaciones que tanto el Relator de Naciones Unidas del Derecho a la Alimentación así como las distintas recomendaciones que han hecho las redes de sociedad civil ligadas a la soberanía alimentaria y economía solidaria, estamos ante un escenario que hace ver a los hambrientos como caudal electoral, en medio de dos grandes fuerzas que se la disputan: la oficial y la que impulsa el sector privado.
4. En el marco de la desesperación por conseguir un pedazo de tierra donde vivir sobrevivir, y donde cultivar su comida, cientos de familias campesinas han ocupado tierras que fueron quitadas a sus antepasados de manera anómala, principalmente en la zona de las
Verapaces. En el ejercicio de este derecho inalienable, las familias mencionadas han obtenido como respuesta la violencia exacerbada ejercida no sólo por agentes del Estado, sino por agentes de seguridad privada de las transnacionales mineras como es el caso de El Estor, Izabal. Empresas que por cierto, violan a cada momento la ley sin que el Estado actúe para perseguirlos y castigarlos.
5. De continuar esta tendencia, Guatemala se apresta a entrar en un escenario aún más conflictivo que podría incluso poner en peligro más vidas y la pérdida de las pocas libertades democráticas conquistadas a partir del conflicto armado interno y de la firma de los Acuerdos de Paz. La ciudadanía guatemalteca no puede permitir una regresión militarista en el país.
Llama la atención que es precisamente en las áreas de los megaproyectos, como la Franja Transversal del Norte, los proyectos de grandes hidroeléctricas y zonas de interés de las empresas mineras, en donde se pretende remilitarizar al país. Es en estas zonas donde se concentra la oposición de la población a estos proyectos por cuanto lesionan sus derechos y su seguridad alimentaria y es aquí donde se da la represión ya sea oficial o por medio de grupos paramilitares y empleados (reconocidos públicamente) de las empresas transnacionales.
6. El COINDE Manifiesta su solidaridad con las comunidades reprimidas en el Estor Izabal y con las víctimas del sicariato y la criminalización en Colotenango, Huehuetenango, en San Miguel Ixtahuacán en San Marcos, en San Juan Sacatepéquez, y a la vez
DEMANDA
1. Del Organismo Ejecutivo, el inmediato cese de los desalojos de campesinos que buscan la tierra como medio de sobrevivencia y la inmediata instalación de una comisión que operativice las soluciones al conflicto desatado en El Estor Izabal, para que de conformidad con los derechos de los pueblos indígenas y el mandato constitucional del Estado, garantice el derecho de las familias a la libre organización y a la alimentación y al ejercicio de sus derechos ciudadanos. El cese inmediato de la connivencia entre fuerzas armadas del Estado y las guardias privadas de las transnacionales mineras debe implementarse, castigando con el peso de la ley a quienes lo han impulsado.
2. Del Organismo Ejecutivo, en torno al problema de la Hambruna en el país. Demandamos la inmediata instalación de un programa de compra de alimentos para ayuda alimentaria de emergencia, abasteciéndose de maíz y frijol que los productores nacionales están realizando y que
presentan bajas por competencia desleal en los precios en las zonas de Suchitepequez, Alta Verapaz y el Petén. La distribución de alimentos debe correlacionarse con la instalación de comedores comunitarios en los lugares de hambruna para garantizar el consumo de los alimentos por la niñez y personas afectadas con un programa de control y seguimiento sistemático. Velar asimismo porque la ayuda alimentaria de emergencia brindada contemple la pertinencia cultural correspondiente; adquiriendo alimentos de las propias comunidades en mejores condiciones y favoreciendo el intercambio solidario entre productores para los focos de hambruna. No es aceptable que en el marco de la supuesta emergencia, se reparta a las comunidades alimentos transgénicos y comidas con altos contenidos de preservantes. En el país hay suficiente comida y se puede establecer un sistema de abastecimiento alimentario si se tiene voluntad política para hacerlo.
3. Al organismo ejecutivo, a implementación, con la total e irrestricta participación de las comunidades y pueblos afectados, de los programas destinados al combate a la pobreza en las zonas del corredor seco, con total transparencia y eficiencia y de manera oportuna, basados en una estrategia de corto y mediano plazo que contemple la creación de capacidades de abastecimiento de agua para las familias, la capitalización de la agricultura campesina de
sobrevivencia con procesos serios de financiamiento mas allá del apoyo en bonos de fertilizantes químicos. La implementación de una estrategia nacional impulsada por el Estado y financiada por el mismo, de producción agroecológica y con amplia participación de los propios campesinos y campesinas al más extenso nivel debe ser realizada ya sin retrasos. Esta estrategia permitirá producir alimentos para épocas críticas y dar un aporte social y campesino al enfriamiento de la tierra en momentos de altos niveles de cambio climático.
4. Rechazamos totalmente la remilitarización del país y por lo tanto, Al organismo ejecutivo reorientar los fondos que actualmente se han dado al ministerio de la Defensa, para la adquisición de tecnología alimentaria y financiamiento de asociaciones de pequeños productores para garantizar el abastecimiento en el siguiente ciclo de cultivo.
Está demostrado que militarizar el país no ha sido la mejor opción para el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada, y estos fondos que hoy enriquecen otros campos de la vida del país,
podrían bien servir en este momento crítico para combatir el hambre y la desnutrición en las zonas ya detectadas.
5. Al organismo legislativo, aprobar de manera inmediata la Ley de Desarrollo Rural propuesta por las organizaciones y movimientos sociales guatemaltecos. Este marco legal podría servir en un futuro cercano como estrategia de combate al hambre y la desnutrición superando los enfoques asistencialistas y de emergencia que existen a la actualidad.
6. A los partidos políticos representados en el congreso, a los poderes empresariales, así como a algunos líderes religiosos fundamentalistas demandamos el cese inmediato de la instrumentación
de la crisis y la hambruna, para ganar adeptos y el encaminamiento de sus esfuerzos con visión de país, a la construcción de una verdadera estrategia nacional de combate a la pobreza que contemple la inversión financiera en el país, la transparencia en los procesos y la participación ciudadana como elemento fundamental de su ejecución.
Guatemala, 5 de octubre de 2009.
CONSEJO DE INSTITUCIONES DE DESARROLLO-COINDE.
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