¡NO A LA REMILITARIZACIÓN!

COMPARTIMOS CON USTEDES EL COMUNICADO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN RELACIÓN CON LA AMENAZA QUE SIGNIFICA LA REINSTALACIÓN DE LA ZONA MILITAR DE IXCAN.

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PRONUNCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL IXCÁN

NO A LA REMILITARIZACIÓN

La sociedad civil del Ixcán – organizaciones sociales y comunidades – vemos con mucha preocupación la próxima reinstalación de la Zona Militar en el Ixcán y la decisión del ministerio de la defensa para que les sean devueltas las instalaciones entregadas hace cinco años a los ministerios de salud y educación al ejército, incluyendo el área que ocupa el centro de salud.

En el año 2004, cuando se redujo el número de efectivos del ejército como parte de los compromisos asumidos por el gobierno en los Acuerdos de Paz, el ministerio de defensa entregó a los ministerios de salud y educación esos terrenos para usos civiles. A nivel municipal, nacional e internacional se percibió este hecho como un paso importante en la desmilitarización del país y cumplimiento de los acuerdos.

Desde esa fecha funciona, en terrenos de lo que antes fue la zona militar número 22, el Centro de Salud de Playa Grande, que brinda servicios hospitalarios a cerca de cien mil habitantes en el municipio y en toda el área. Para las mujeres del Ixcán es de especial importancia la sala de maternidad que ahora está equipada para atender partos de alto riesgo, y así hacer un aporte a bajar la tasa de mortalidad materna e infantil, de por sí demasiado alta. Con apoyo de la Cooperación Internacional se han realizado inversiones para mejorar las precarias instalaciones y equipamiento del Centro. ¿Quién podía pensar en aquel tiempo que el terreno solamente estaba “prestado” por unos pocos años?

Dentro del mismo terreno también está funcionando una extensión de la Universidad de San Carlos (de la Facultad de Economía), lo que ofrece más oportunidades de educación superior a la población del Ixcán.

Recientemente el Ministerio de Defensa anunció oficialmente que a partir del 29 de octubre se instalará la 6ª Brigada de Infantería retomando los terrenos de la zona militar, y con tal motivo solicitó al área de salud y USAC Tulán, desocupar las áreas que les fueron entregadas en el 2004. Ciertamente el gobierno ha prometido construir un hospital para atender a la población de Ixcán y comunidades circunvecinas, pero desde hace quince años ha habido diferentes planes y ofrecimientos gubernamentales, sin que hasta la fecha haya sido aprobado el presupuesto para dicha obra.

Mientras no se reubiquen, los servicios de salud y educación estarán funcionando dentro de un establecimiento militar, lo que supone un incumplimiento de normas internacionales que requieren una clara separación entre las instalaciones militares y las civiles. También crea un ambiente totalmente inapropiado para los pacientes y los estudiantes, que tendrán que pasar por el control militar, donde en algún momento se podría negarles el ingreso. El impacto psicológico de estar recibiendo atención médica, o de estar recibiendo clases en un ambiente militarizado, es más preocupante en un área como el Ixcán, donde hay tantos recuerdos amargos de las acciones militares durante los años 80s.

En la memoria histórica del Ixcán pesa la experiencia traumática durante el conflicto armado interno. Según los datos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico y del REMHI, en la región de Ixcán ocurrieron 102 masacres entre los años 1979 y 1988, y se documentaron más de 2,500[1] víctimas fatales y el desplazamiento forzoso del 96% de la población del municipio. Las comunidades que permanecieron en el área fueron sometidas a un estricto control militar y obligadas a participar en las patrullas de autodefensa civil. A casi 13 años de la firma de los acuerdos de Paz, las comunidades y personas víctimas del conflicto armado aún no han sido resarcidas por los daños humanos, materiales y morales que sufrieron.

Una presencia militar más numerosa no trae más seguridad y tranquilidad, al contrario. Lo que traerá es un aumento en el número de cantinas y prostíbulos, en el consumo de alcohol, y en el riesgo de explotación, abusos y violencia contra mujeres, niñas y jóvenes. La militarización de la sociedad propicia un clima de autoritarismo, machismo, falta de libertad y violencia. El pueblo del Ixcán ya padeció la militarización de la sociedad durante muchos años, ya no quiere volver al pasado.

Voceros gubernamentales han dicho que la razón para reinstalar la zona militar es cuidar las fronteras, combatir a la delincuencia y el crimen organizado, controlar la inestabilidad social en la región. Es cierto que los y las ixcanecas estamos cansados de la violencia, de la inseguridad, y de tantos asesinatos, robos y asaltos. Pero la militarización NO es la solución. Para lograrlo lo prioritario es erradicar la impunidad, y fortalecer y depurar al sistema de justicia y a la Policía Nacional Civil, para que realmente cumplan sus funciones. Mientras el 98% de los delitos queden en la impunidad, como ahora, los delincuentes continuarán operando libremente en el territorio nacional. ¿Dónde quedó el ofrecimiento de campaña de que la delincuencia se combate con inteligencia?

En una sociedad democrática, la seguridad interna del país y el combate a la delincuencia común, no debe ser una función del ejército, sino de la policía civil especializada en ese trabajo, tal como lo establecen diversos instrumentos de protección a los derechos humanos y el acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y funciones del ejército en una sociedad democrática.

Cabe señalar que el anuncio de la reinstalación de la zona militar coincide con la inauguración del proyecto de la Franja Transversal del Norte, que en su sentido amplio es mucho más que la construcción de una carretera. Consideramos que no es una simple coincidencia, sino que la presencia militar tendrá como motivo real imponer la sumisión de la sociedad a los mega proyectos que están contemplados para toda el área a lo largo de esa carretera, como hidroeléctricas, exploración y explotación petrolera, plantaciones de agro combustibles y minería. La presencia militar tendrá la función de proteger y asegurar las inversiones de los empresarios. El gobierno debería analizar que gobernabilidad democrática no se va a lograr con la remilitarización, sino con aceptar el derecho que tienen las comunidades a existir, a su tierra y a definir su propio desarrollo.

Finalmente queremos recordar que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas señala claramente que “No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una amenaza importante para el interés público pertinente o que se hayan acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado, y que los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares”. (artículo 30).

Por lo anteriormente expuesto, las organizaciones sociales del municipio de Ixcán, planteamos:

• Que las bases militares no deben ocupar los espacios destinados a servicio sociales, como son los centros de salud y centros educativos.

• Que la lucha contra el tráfico de drogas, no debe afectar a los pueblos indígenas y que por lo tanto, en vez de remilitarizar el país, se debe generar calidad en la educación, en la salud y en la vivienda de los pueblos.

• Que en vez de remilitarizar, el gobierno debería promover el acceso equitativo a la tierra, la protección a los territorios indígenas y políticas de desarrollo local sustentable, respetando las prioridades de las comunidades y la relación especial que tienen los pueblos indígenas con su tierra y recursos naturales.

• Que en vez de sembrar palma africana y otros agrocombustibles se devuelva la tierra a los pueblos originarios, y se apoye y estimule la producción de alimentos. En vez de cuarteles, represas y pozos petroleros, se construya escuelas, universidades y hospitales.

• Exigimos al Estado y al gobierno de Guatemala, el cumplimiento del convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre todo lo referente a la consulta a los pueblos antes de iniciar proyectos de cualquier tipo que atente contra nuestras tierras y nuestros territorios, por ser el centro de nuestra identidad.

• Exigimos al Gobierno que respete y reconozca los resultados de la Consulta Comunitaria de Buena Fe, realizada en todo el municipio de Ixcán el 20 de abril de 2007, donde el pueblo rechazó rotundamente la construcción de represas y la exploración y explotación del petróleo en el municipio.

Llamamos:

• A todas las comunidades de Ixcán y de Guatemala, para fortalecer la organización comunitaria, por que el camino para enfrentar la remilitarización de nuestros territorios es la organización social y luchar por nuestra autonomía y libre determinación.

• A todos los pueblos y movimientos sociales para que alcemos nuestra voz en protesta para exigir la desmilitarización, la justicia y la paz.

• A la comunidad internacional para que condicionen el apoyo otorgado al gobierno de Guatemala, al respeto de los compromisos establecidos en los acuerdos de paz y en los convenios, acuerdos, pactos y declaraciones internacionales que el gobierno ha firmado y ratificado en materia de derechos humanos, particularmente en los relativos a la función del ejército en una sociedad democrática.

• A las ONGs nacionales e internacionales a acompañarnos comprometidamente con nuestras luchas.

NO A LA REMILITARIZACIÓN DEL IXCÁN

UN PUEBLO CON HAMBRE ES UN PUEBLO SIN PAZ

1º de Octubre de 2009

Red de Organizaciones de Mujeres de Ixcán –ROMI–

Comunidad Primavera del Ixcán –CPR DEL IXCÁN–

Asociación de Desarraigados de las Microregiones II y VI –ADEREMCO–

Coordinadora de Víctimas del Municipio de Ixcán –CORVIMI–

Asociación de Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales –ACODET–

Pastoral Social de Ixcán

Puente de Paz

Servicios Jurídicos y Sociales –SERJUS–­

Asociación Comunitaria de Servicios de Salud –ACCSS– Miembro de COINDE

Fundación Guillermo Toriello ­–FGT­–

Fundación Solidaria Ixcán

Filial Ixcán del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala

Organización de Mujeres Guatemaltecas Mamá Maquín

Asociación Justicia y Reconciliación –AJR–

Frente Guatemalteco de Afectados y Amenazados por las Represas y en defensa del Agua –FGARDA–

FAMDEGUA

WAQ`IB KEJ

Asociación UKU´BE´

Movimiento Nacional por los Derechos Humanos

HIJOS

Bloque Antiimperialista

Asociación Comunicarte

Servicios Ecuménicos en Centro América –SEFCA–

Derechos en Acción

Asociación Civil El Observador

Casa Artesana

Sector de Mujer

Colectiva Feminista de Mujeres de Izquierda

Frente Nacional de Lucha –FNL–

Frente Popular

Tercera Promoción de la Maestría en Psicología Social y Violencia Política -USAC-

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[1] CEH recogió información de 2,421 casos, mientras que el REMHI documentó 2,571 casos